El Ayuntamiento de Alicante ha tomado medidas decisivas para controlar el mercado de vivienda turística, aprobando una moratoria de dos años para la emisión de nuevas licencias el 19 de diciembre de 2024. Este periodo pretende redefinir la normativa que rige estas instalaciones, buscando un equilibrio entre las necesidades del turismo y la calidad de vida de los residentes. Esta decisión responde a la creciente preocupación ciudadana, como el aumento de los precios del alquiler, el desplazamiento de residentes de sus barrios y el deterioro de las relaciones vecinales.
La moratoria permitirá a las autoridades municipales evaluar la situación actual del mercado y desarrollar una normativa urbanística más detallada. Entre las propuestas que se están considerando se encuentra la de limitar la ubicación de apartamentos turísticos en edificios residenciales. Actualmente, pueden ubicarse en cualquier planta, incluida la primera, pero las autoridades están considerando limitarlos a las plantas superiores o excluir ciertas zonas de la ciudad debido a su alta saturación.
Registro público para una mayor transparencia
Además de la moratoria, el ayuntamiento ha comenzado a trabajar en la creación de un registro público de viviendas turísticas. Este registro permitirá identificar las viviendas que operan conforme a la normativa vigente. Todos los ciudadanos tendrán acceso a información sobre viviendas legales y podrán denunciar casos de locales que operen ilegalmente.
El objetivo del registro es brindar mayor transparencia al mercado, lo que aumentará la confianza de los turistas y reducirá la competencia desleal entre operadores. Además, facilitará la labor de las autoridades de inspección, como la Policía Metropolitana, ya que podrán identificar con mayor rapidez los apartamentos que operan sin las licencias correspondientes o que incumplen las normas establecidas por la normativa regional.
También se espera que el registro cumpla con los requisitos de la ordenanza de 16 de octubre de 2024, que establece un Sistema Nacional de Información Digital de Alquileres. Este sistema permite la recopilación e intercambio de datos sobre alquileres de corta estancia en toda España, con el objetivo de crear normas más uniformes para la gestión de este tipo de inmuebles.
Controles reforzados y sanciones más efectivas
Al mismo tiempo, la ciudad ha incrementado los recursos dedicados a la inspección de viviendas turísticas. La Brigada de Disciplina Urbana de la Policía Municipal y la recién creada Policía de Barrio realizan inspecciones periódicas para detectar unidades que operan sin licencia. Como resultado de estas actividades, ya se han emitido más de 100 protocolos de infracción para apartamentos que no cumplían con los requisitos de funcionamiento. Las sanciones incluyen la suspensión de operaciones y la posibilidad de multas por parte de las autoridades regionales.
El Ayuntamiento también ha iniciado los trámites para asumir la autoridad directa sobre la imposición y el cumplimiento de las multas. Este cambio permitirá una gestión más eficiente de los fondos provenientes de las multas, que podrán destinarse a iniciativas de apoyo a los residentes.
Reacción pública y demandas de los residentes
A pesar de los cambios, el tema de la vivienda turística sigue generando gran polémica entre los alicantinos. El fin de semana pasado, unas 300 personas participaron en una manifestación organizada por la plataforma "Alicante, dónde vas" y la organización Ecologistas en Acción. Los manifestantes exigieron restricciones más estrictas a la promoción de alquileres vacacionales y un mayor apoyo a la vivienda comunitaria y al alquiler vacacional.
Esta fue la tercera manifestación organizada en los últimos meses, lo que demuestra la creciente presión ciudadana sobre las autoridades municipales para que prioricen las necesidades de los residentes ante el auge del sector turístico. Entre las demandas de los participantes se encontraban exenciones fiscales para los propietarios que alquilan apartamentos a largo plazo e incentivos para invertir en viviendas para residentes permanentes.
Equilibrio entre el turismo y la vida de los residentes
Con las medidas introducidas, Alicante aspira a crear un modelo turístico más sostenible que reconozca su importancia como sector económico clave, por un lado, y proteja los intereses de la comunidad local, por otro. Un registro público de viviendas turísticas, una moratoria de dos años y el refuerzo de las medidas de control son pasos hacia una mayor transparencia, legalidad y armonía en la ciudad.
Las autoridades municipales enfatizan que el éxito de estas iniciativas depende de la cooperación entre la administración, los operadores turísticos y la ciudadanía. Alicante quiere ser un ejemplo de gestión turística responsable que priorice las necesidades de los residentes y el equilibrio social.
