Noticias: Impuesto de hasta el 100% en compras de propiedades por parte de ciudadanos no residentes y no pertenecientes a la UE

Esta semana, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas destinadas a abordar la crisis inmobiliaria del país, con especial atención a los compradores de propiedades extranjeros. Una de las propuestas más destacadas es la introducción de un impuesto de hasta el 100% sobre las compras de propiedades por parte de ciudadanos no residentes y no pertenecientes a la UE. Esta medida pretende frenar las inversiones especulativas que se cree que hacen subir los precios de la vivienda, haciendo que las viviendas sean más accesibles para los residentes.

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Sánchez destacó que en 2023 los residentes extracomunitarios compraron aproximadamente 27.000 viviendas en España, en muchos casos para inversión y no para uso personal, y enfatizó en la necesidad de priorizar la vivienda para residentes frente a las inversiones especulativas.

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Además del impuesto propuesto para los compradores extranjeros, el Primer Ministro esbozó otras iniciativas para mejorar la asequibilidad de la vivienda, entre ellas la transferencia de más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de terrenos residenciales a una nueva empresa de vivienda pública, la concesión de exenciones fiscales a los propietarios que proporcionen viviendas asequibles y el endurecimiento de las normas sobre los alquileres turísticos para garantizar que paguen los impuestos adecuados.

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Estas propuestas forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno español para hacer frente al aumento de los costes de la vivienda y garantizar que el acceso a la misma se considere un derecho fundamental y no un producto especulativo. Las medidas requerirán la aprobación parlamentaria y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre su aplicación.

RESUMEN:
Esta medida pretende frenar las inversiones especulativas y priorizar la disponibilidad de vivienda para los residentes. Sin embargo, no se han revelado todos los detalles específicos sobre la escala impositiva, los mecanismos de implementación y los criterios para determinar el tipo impositivo exacto. La propuesta forma parte de un plan más amplio para abordar la crisis inmobiliaria en España y requerirá la aprobación parlamentaria antes de poder promulgarse.