El 22 de enero de 2025, el Congreso de los Diputados español rechazó el decreto ley de diciembre de 2024 del gobierno que había ampliado las protecciones para los grupos vulnerables, incluida la suspensión de los desahucios para los inquilinos que no pudieran pagar el alquiler. Este rechazo levanta efectivamente la moratoria sobre dichos desalojos.
El decreto también incluía otras medidas, como la prohibición de desconectar servicios básicos, ajustar las pensiones y ampliar las deducciones fiscales para mejoras energéticas en las viviendas. Con la anulación del decreto, estas disposiciones ya no están en vigor.
Este hecho supone un importante revés para el gobierno, ya que el decreto formaba parte de una estrategia más amplia para brindar apoyo económico y social a las poblaciones vulnerables. La decisión ha suscitado preocupación entre los defensores sociales por el posible aumento de los desalojos y la retirada de protecciones esenciales para los grupos en riesgo.
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